En México sólo uno de cada cuatro adultos mayores recibe pensión por sus años de servicio laboral en su vida productiva, de acuerdo con censos y encuestas de ingresos y gastos de los hogares de los últimos siete años, las personas se retiran “realmente” al ser octogenarias, y lo hacen porque les faltan fuerzas para seguir, incluso, muchos trabajadores continúan laborando hasta que sus capacidades físicas lo permiten, pero lo más grave es que la pobreza seguirá en aumento en la vejez, pues la mayor parte de la población que llega a esta edad son mujeres que aportaron menos en su etapa productiva por no contar con un trabajo protegido, aunado a la creciente práctica de otorgar trabajos sin prestaciones o de bajos ingresos.
Una de las preocupaciones mayores es la seguridad económica en la edad adulta, porque no se le ha dado importancia social a cómo enfrentarán los ancianos los retos de ingreso para las cosas elementales, como alimentación y vivienda, o cómo solventarán las afectaciones de salud, pues en la medida de que la esperanza de vida aumenta en el país, se presentan más inconvenientes para que ellos puedan ser atendidos con cierta dignidad.
Por eso dejar nuestro retiro en manos del Gobierno es una acto más que irresponsable, hasta el día de hoy la herramienta más segura para garantizarlo es un PPR.